Opinión

Todos de alguna u otra manera en nuestra cotidianidad usamos el conocimiento para tomar alguna decisión. Desde la preparación de un rico plato de comida que exige la consulta a la abuela, a un libro o a Google, hasta cómo conseguir pareja, donde se requiere conocer mínimas cosas sobre el otro, por ejemplo sus gustos, aquello que le desagrada, expectativas a futuro, por mencionar algunos aspectos.

Si este tipo de decisiones cotidianas, aparentemente tan sencillas, requieren de un mínimo de datos, información y conocimiento, ahora imaginemos tomarlas sobre temas de mayor envergadura y complejidad, por ejemplo delimitar adecuadamente un ecosistema estratégico -como lo es el de páramo- o saber con claridad si puede o no hacerse fracking en Colombia.

Para resolver estas preguntas se necesita gran cantidad de conocimiento de calidad, junto con acuerdos sociales que lo acepten y validen en todos sus niveles: la sociedad y, en especial, el gobierno y las instituciones, donde las decisiones de una minoría afectan a muchos.

Por esto se crearon el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), con más de 195 países signatarios, y la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES por sus siglas en inglés), con aproximadamente 132 naciones miembros. Tales iniciativas buscan recoger la mejor ciencia disponible para responder a las grandes preguntas de la humanidad, de los gobiernos, instituciones y territorios en sus campos de influencia.

Estos esfuerzos multilaterales, y de muchas organizaciones científicas de todo el planeta, lograron recolectar evidencias científicas y llegar a consensos mundiales en los que se han corroborado, con más del 95% de certeza (es un hecho), la existencia del cambio climático global y la extinción masiva de especies por las acciones humanas sobre la Tierra.

Sin embargo, en pocos países existen gobernantes que niegan y se rehúsan a tomar acciones ante estos trascendentales y comprobados hallazgos, diciendo cosas como que “es un invento chino” y “no me lo creo” (Presidente Donald Trump); o también que “es una falacia decir que el Amazonas es parte del patrimonio mundial y es un error decir, como afirman los científicos, que nuestra selva tropical es el pulmón del mundo” (Presidente Jair Bolsonaro).

Dichas afirmaciones negacionistas que omiten la historia, ignoran las profundas investigaciones y consensos científicos, y que bloquean toda conciencia o comportamiento ético, tal vez busquen convertir en mitos lo que ya se considera hechos científicos, corroborados por las evidencias.

Así mismo, estas declaraciones -aparentemente descabelladas para la gran mayoría de científicos y países-, en el fondo están siendo avaladas por aquellos que votaron por esos gobernantes, de manera que ellos sienten y expresan en su comportamiento la licencia social de sus votantes para decir lo que parecen disparates, pero que obedecen a ideales e intereses de quienes creen firmemente en tales declaraciones.

Esto, traducido, significa que los acuerdos científicos son clarísimos, pero los sociales y políticos aún no. La sanción social todavía no es suficientemente fuerte, por lo que se requieren más actores que en todos los niveles se apropien de los conocimientos, facilitando la participación ciudadana, experta y gubernamental que, a su vez, favorezca la sanción social y política a este tipo de acciones que atentan contra el futuro del planeta y de la misma humanidad.

Es entonces que plataformas como IPBES cobran sentido en la escena multilateral ya que, a través de ella, se trabaja y vela para que existan datos, información y conocimientos en biodiversidad aislados y comprendidos por una comunidad reducida de científicos, y para que sean igualmente entendidos y adoptados en nuevas políticas y comportamientos de la sociedad en pro de un bienestar y mejor futuro para todos.

De esta manera, las evaluaciones nacionales con metodología IPBES -como la que se desarrolla en Colombia-, debe llevarnos a poner nuestra mirada en sus resultados (próximos a publicar) y hacernos reflexionar como sociedad y habitantes del país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado.

Debemos, entonces, apropiarnos de este conocimiento, interiorizarlo en las acciones cotidianas, exigir su aplicación a nuestros gobernantes y ser veedores de su ejecución, buscando no la protesta ciega, ni desmedida, sino ejerciendo el control social requerido para que este país conserve y haga uso adecuado de sus recursos naturales, mientras crece económicamente y se desarrolla de forma inclusiva y sostenible.

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